3. PLANES DE GESTIÓN COMUNITARIA Y TERRITORIAL

 

Universidad de San Carlos de Guatemala

Departamento de Estudios de Postgrados

Centro Universitario de Sur Occidente

Maestría en Gestión Comunitaria para el desarrollo Humano Local.

Curso: Metodología de la Gestión Comunitaria (MGC112)

Docente: M.A. Mildred Janeth de León Méndez.

 

 

 

 

 

Tema: CUADRO COMPARATIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN CENTROAMÉRICA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo: 3- Los gestores.

 

Silvia Marina Carrillo Vela- 200843738

Maura Estelita Velásquez Lucas- 200419442

Rolando Antonio Déleon Wong- 8817447

Delmy Gabriela Solval Solval- 201542907

Glendy Antonieta Morales Castro- 201706431

Erman Arnoldo Bixcul Tuy- 201507696

Ariel Filiberto Méndez Bernardo- 953115

Introducción

Las políticas sociales como herramientas de intervención pública son fundamentales para el desarrollo, tienen como objetivo garantizar los derechos humanos, sociales y económicos; promover la ciudadanía social y la cohesión social; garantizar el acceso a servicios básicos, educación y salud; asegurar el ingreso y fomentar el trabajo decente; la equidad de oportunidades sin distinción de género, etnia, edad o pertenencia a grupos socioeconómicos específicos o localización geográfica. En Centroamérica, sobre todo a partir de la década del 2000, se ha implementado un amplio conjunto de políticas sociales en distintos contextos institucionales y con diversos acumulados históricos. En esta diversidad, Costa Rica se distingue por tener la mejor calidad de democracia de la subregión, mientras que los países que integran el Triángulo Norte –Guatemala, Honduras y El Salvador– se caracterizan por tener democracias jóvenes y frágiles.

Así pues, el objetivo de este artículo es comparar las políticas sociales de Costa Rica y del Triángulo Norte. La investigación es analítica y normativa; lo normativo se expresa en dos dimensiones, medios-fines y ética, que plantea al desarrollo como un objetivo fundamental a alcanzar. La hipótesis de trabajo es de economía política y plantea que son las instituciones políticas, especialmente la democracia, la variable última o fundamental que condiciona al desarrollo, particularmente a las políticas sociales. Para entender la contemporaneidad de la región, analizamos los elementos económicos más significativos desde el 2000, cuando se dio una importante expansión de las políticas sociales, y lo político desde mediado del siglo XX, con el proceso de democratización de Costa Rica.

 

 

 

 

Políticas públicas para el combate de la pobreza, salud y desarrollo social en Centroamérica.
País	Política pública
Costa Rica	Políticas en Salud. Actualmente, en materia de políticas universales, Costa Rica cuenta con uno de los sistemas de salud más modernos de toda América Latina y posee un sistema de seguridad social integrado por el sector salud y las pensiones que han logrado la mayor cobertura de la subregión en salud con un 92 % de la población beneficiada, y está regido por tres principios fundamentales con el fin de asegurar el bienestar de la población, como lo son la universalidad en la cobertura, la equidad en el acceso y la solidaridad en el financiamiento. Además, este sistema cuenta con un seguro social a cargo de la Caja de Costarricense del Seguro Social (CCSS), el cual es financiado por el aporte de los trabajadores, jefes y contribuciones del Estado, con el 86% de la población asegurada y con cobertura en todo el país, incluyendo atención primaria, especializada y hospitalización, al igual que protección por incapacidad con un 60% del ingreso laboral en caso de permiso por salud. Del mismo modo que un seguro de enfermedad y maternidad con protección contributiva y no contributiva, con cobertura para los asegurados y sus familiares (Martínez y Sánchez, 2017; Sauma y Trejos, 2014). Políticas de desarrollo social. También existen programas de promoción y asistencia social, con el objetivo de erradicar la pobreza extrema, entre ellos destacan el Instituto Mixto de Ayuda Social creado en 1971 y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) creado en 1974. Ambas entidades buscan garantizar las prestaciones sociales de la población con asistencia social, promoción social, fomento a la capacitación, producción, vivienda e infraestructura, y representan el mecanismo financiero de mayor trascendencia en la lucha contra la pobreza. También existen programas como Avancemos, la red de protección al cuidado infantil (REDCUDI) y la red de atención integral para personas adultas mayores (CONAPAM) (Román, 2012; Sauma y Trejos, 2014). Educación y combate de la pobreza. En cuanto a los programas de transferencias condicionadas, el más importante es Avancemos, el cual tiene como objetivo promover la permanencia y reinserción en el sistema educativo de jóvenes de escasos recursos económicos, y también contribuye con incentivos económicos para aumentar las capacidades laborales. Este programa cuenta con tres tipos de prestaciones: transferencias monetarias, incentivos al ahorro y apoyo a la oferta educativa. Los montos de dichas transferencias fueron, para el año 2007, de $27 para séptimo año, $36 para octavo, $45 para noveno, $63 para décimo, $81 para undécimo y $90 para duodécimo, con un máximo de $144,1 por familia sin importar la cantidad de hijos que pertenezcan al sistema educativo. Para poder acceder a este programa, las familias deben asegurarse de que sus hijos permanezcan en el sistema educativo, que su rendimiento sea bueno y que asistan a consultas médicas al menos una vez al año. Este programa favoreció de enero a diciembre del 2011 a 185 315 estudiantes, para un monto entregado de 47,545 millones de colones (Román, 2012   Políticas de protección social. En cuanto a las políticas de cuido a personas dependientes, en el 2010 se creó la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), que busca incorporar a las mujeres al mercado laboral sin descuidar a sus hijos y asegurar el desarrollo físico, cognitivo, lingüístico y socio afectivo de las niñas y niños. Este programa tiene como población meta a infantes menores de siete años de edad con una atención pública o de servicios mixtos entre Estado y sector privado. La REDCUDI cuenta con centros públicos y privados, estos últimos poseen más de 156 centros y 21 Organizaciones de Bien Social (OBS) inscritas, con bebés recién nacidos y niños menores de 12 años. Para el año 2013, la Atención y Protección Infantil (API) tuvo una cobertura de 19 094 niños; los Centros Infantiles Diurnos de Atención Integral (CIDAI), administrados por OBS, contaron con 7 654 niños beneficiados; los Hogares Comunitarios, CECUDI y otros centros infantiles privados ayudaron a 2 275 niños. La RECUDI se rige por una serie de principios que dirigen su institucionalidad como la justicia social mediante la igualdad y equidad de los derechos, y el respeto a la diversidad. Las personas reciben el mismo trato sin importar el estrato socio-económico, ni las características individuales, dándole mayor legitimidad y sostenibilidad al servicio de cuidado y al desarrollo infantil (Guzmán, 2014). En materia de mercado de trabajo, existen programas de creación directa de empleo enfocados en los grupos vulnerables de la población, como el Programa Nacional de Empleo (indígena y de obra comunal) que destinó el 0,13% del PIB en 2016, y programas de incentivos para emprendimientos o personas vulnerables con un enfoque de género, como el Fondo de Fomento de Actividades Productivas y de Organización de Mujeres (FOMUJERES), posicionando a Costa Rica como uno de los países con mayor gasto en políticas del mercado de trabajo en América Latina (CEPAL, 2019a).
El Salvador	Políticas de desarrollo social En El Salvador, los programas sociales más destacados han sido la Red Solidaria de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) que busca incentivar la asistencia a la escuela y controles de salud a niñas y niños, mujeres embarazadas, y a la población rural de los 100 municipios más pobres de El Salvador. También se encuentra el programa Comunidades Solidarias Rurales, el cual provee ingresos donados de $30 al mes a las madres ubicadas en zonas rurales si sus hijos asisten a la escuela y cumplen con las visitas regulares de salud. Asimismo, el Sistema de Protección Social Universal (SPSU) garantiza un piso básico de bienestar, focalizado en los sectores medios, los sectores en situación de pobreza y la población excluida socialmente. Finalmente, destacan los programas de pensiones contributivas para adultos mayores de zonas rurales, con transferencias de US$50 por persona al mes. De igual forma, destacan los programas de paquetes escolares y uniformes a las familias más pobres, cubriendo a 1,4 millones de estudiantes, y la Ley de universalización de los servicios de cuidado para infantes de cero a tres años de edad (Martínez y Voorend, 2018; Alas de Franco et al., 2016; Banco Mundial, 2015; Sánchez y Martínez, 2015; Martínez, 2014). Políticas en salud En cuanto a la estructura del sistema de salud salvadoreño, cuenta con el Ministerio de Salud (MINSAL), el cual acoge al 77% de la población de forma gratuita; el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que brinda servicios de salud a personas con empleo formal del sector público y privado cubriendo al 21% de la población; el FOSALUD, el cual brinda servicios de emergencias a las zonas rurales y urbanas, financiada en un 35% de los impuestos al alcohol, tabaco, y similares; y el Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) que cubre a la atención básica con servicios integrales de primer y segundo nivel de atención. También se encuentran las Redes Integrales de los Servicios de Salud (RISS), que buscan garantizar el derecho a la salud en la población; y los Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) que se encargan de resolver los principales problemas de salud en los municipios más pobres, enfocados en mejorar la atención a mujeres embarazadas y reducir la mortalidad materna. Estas instituciones han contribuido al aumento de la esperanza de vida a 72 años en 2012, a la disminución de la tasa de mortalidad neonatal que pasó de 10,2 muertes por mil nacidos vivos en 2003 a 6,5 en 2012, al igual que la tasa de mortalidad infantil que paso de 12,6 por mil nacidos vivos en 2003 a 7 en 2013 (Alas de Franco et al., 2016; Sánchez y Martínez, 2015).   Políticas para el combate de la pobreza.   En El Salvador, en materia laboral, existe la institución intermediadora laboral: la Red Nacional de Empleo (RENACEMPLEO) y el centro de capacitación Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP). El Programa de Habilitación para el trabajo (hábil), enfocado en la población desempleada y subempleada de bajos recursos económicos, busca la inserción laboral, la generación de emprendimientos por medio del autoempleo y la creación de microempresas en el turismo y la gastronomía. Por su parte, el Programa Empresa Centro combina la formación teórica con prácticas en empresas y tiene como meta a la población entre 16 y 25 años. Además, se ha apoyado en asistencia técnica a la creación de empresas nuevas con proyectos como FOMYPE implementado con fondos de la Unión Europea (UE), y se han fomentado emprendimientos con programas a estudiantes de bachillerato con simulaciones empresariales. Por último, el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (PATI) combina el apoyo al ingreso con capacitaciones, otorga a mujeres $100 al mes por seis meses, siempre y cuando participen en proyectos comunitarios y capacitación ocupacional, con el propósito de que al culminar los seis meses las participantes logren entrar al mercado laboral o creen sus propias empresas (Banco Mundial, 2015; CEPAL, 2019a).
Guatemala	Políticas para el desarrollo social. En Guatemala destaca la creación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), en el periodo de gobierno 2012-2016, con el objetivo de diseñar, regular y ejecutar políticas públicas orientadas a mejorar el nivel de bienestar de los grupos sociales en situación de pobreza y pobreza extrema. Este ministerio cuenta con una serie de programas sociales de transferencias monetarias o en especies dirigidas a familias en extrema pobreza, de los cuales se puede destacar Mi Bolsa Segura, que reparte alimentos a mujeres jefas de familia en Ciudad de Guatemala que vivan en zonas urbanas vulnerables y que asistan a capacitaciones sobre valores familiares; Mi Comedor Seguro, que entrega alimentos tres veces al día a personas en hospitales públicos, trabajadores informales, adultos mayores, discapacitados o enfermos crónicos, niñas y niños desnutridos, entre otros; el Vaso de Atol, que llega al 26% de las niñas y niños estudiantes; y Mi Beca Segura, el cual otorga becas de formación profesional, de educación básica y becas artesanas (Martínez, 2014). Políticas para el combate de la pobreza El programa social por destacar para el caso guatemalteco, es el Programa Mi Familia Progresa (MFP), que busca atender a las familias en extrema pobreza con niñas y niños de 0 a 15 años de edad de 45 municipios a través de apoyos económicos dirigidos a la inversión en salud, educación y nutrición. Su focalización se realiza mediante encuestas de condiciones de vida, y la madre del hogar es la que recibe el dinero para la posterior administración y manejo de los recursos, los cuales se componen por dos tipos de transferencias: un bono de salud y nutrición, equivalente a $20 mensuales para familias con hijos menores de seis años, y un bono de educación de $20 mensuales para niñas y niños entre 6 y 15 años de edad (Cecchini, Leiva, Madariaga y Trucco, 2009). En materia laboral se encuentra el programa Políticas Activas de Mercado de Trabajo (PAMT), enfocado en mujeres jóvenes; este consiste en capacitación y servicios financieros como el microcrédito, servicios no financieros, encadenamiento productivo y promoción de la asociatividad para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), teniendo como objetivo fundamental la incorporación en el mercado laboral. También destacan los programas universales de capacitación, como el Instituto de Capacitación y Productividad (INTECAP), y programas focalizados, como Jóvenes Agricultores (FORJA) y Génesis Empresarial (GE) (Baroni, 2009). Políticas de salud y seguridad alimentaria. También, en Guatemala, se otorgan bonos de salud y nutrición con un convenio de corresponsabilidad que obliga a las familias beneficiadas a registrarse en el centro de salud más cercano, donde las madres deben llevar a las niñas y niños menores de 6 años a todos los controles médicos de salud preventiva y deben someterse a controles de embarazo y puerperio. Por su parte, el bono de educación obliga a las familias a que las niñas y niños asistan al menos al 80% de las clases por mes. En ambos tipos de bonos, las familias deben asistir a las capacitaciones en salud y educación como corresponsabilidades. Además, existen otros programas ante situaciones extremas, como Alimento Seguro con una cobertura de 97 000 familias, Plan Pacto Hambre Cero que busca reducir la desnutrición crónica especialmente en las niñas, niños, madres embarazadas y lactantes, y el programa Jóvenes protagonistas que atiende a jóvenes para capacitarse de forma complementaria (Cecchini et al., 2009; Martínez, 2014).
Honduras.	Políticas para el desarrollo social. En Honduras se destaca el Programa de Asignación Familiar (PRAF), el cual otorga transferencias monetarias, como el bono escolar de $97 por familia, bono de nutrición de $114 e incentivos al parto institucional (IPI) de $60 por evento. De la misma manera, se encuentra el programa Bono Vida Mejor, que otorga recursos a las familias pobres con niñas y niños para incentivar el control de salud infantil y asistencia escolar. Asimismo, la política pública para el Desarrollo Integral a la Primera Infancia promueve estrategias para asegurar la supervivencia, el desarrollo y la protección de las niñas y los niños hasta los 6 años de edad, e incluye asistencia médica, suplementos alimenticios, estimulación mental, actividades educativas, capacitación de las capacidades humanas, reducción del crimen y la violencia en los hogares pobres. Políticas en combate a la pobreza. También está el Bono 10 000 que equivale a unos $500 por familia en condición de pobreza o pobreza extrema, con corresponsabilidad de asistir a consultas pre y post natales por parte de las madres y a que sus hijos asistan a la escuela. Por su parte, el programa entrega bonos a las instituciones prestadoras de servicios de educación y de salud mediante el bono a la oferta de educación con $1 000 dólares anuales para Asociaciones de Padres de Familia (APF) y el Bono a la oferta en salud de $900 anuales para Comités de Usuarios de Salud (CUS) (Cecchini et al., 2009; Martínez, 2014; Hernández, Sousa y Scot, 2015; Serrano y López, 2011). Políticas para seguridad y protección social. Con referencia al sector salud, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) otorga servicios de salud a sus afiliados, incluye visitas domiciliarias, medicina general, salud oral preventiva, pediatría general, ginecología, obstetricia y programas de salud materno-infantil. También ofrece atención secundaria y terciaria a los afiliados directos, a sus hijos menores de 5 años y a los cónyuges (maternidad y post parto). Ha promovido diseños de operatividad como el Programa Nuevos Modelos de Gestión que consiste en la construcción de clínicas administradas por los propios municipios, equipos itinerantes del Programa de Reorganización Institucional y Extensión de los Servicios Básicos del Sector Salud (PRIESS) que realizan visitas periódicas, y el Programa ACCESO que busca promover las clínicas comunitarias con personal voluntario. En el año 2000, el 52% de la población tuvo acceso a servicios de salud pública, un 12% por el IHSS y otro 1,5% por servicios privados (Martínez, 2014).

 

 

 

 Análisis entre las políticas públicas de Costa Rica y el triángulo norte (Guatemala, el Salvador y Honduras).

En el Triángulo Norte existe protección social contributiva y mixta. La protección social contributiva es de baja cobertura, en El Salvador es del 18% de la población, en Honduras del 10% y en Guatemala tan solo el 9%. La protección social mixta que contempla una combinación entre el acceso contributivo y no contributivo a hogares con presencia de niñas, niños y adolescentes, cubre a un porcentaje mínimo en los tres países, en Honduras cubre al 4% de la población, en Guatemala al 5% y el 1% en El Salvador. Esto evidencia la desarticulación entre la protección social y el componente contributivo en la región, debido a los bajos ingresos de los hogares y a su situación laboral. En contraste, la protección social no contributiva tiene mayor incidencia en los hogares con niñas, niños y adolescentes. En El Salvador, el 6 % de los hogares con infantes y adolescentes se encuentra cubierto; en Honduras, el acceso es del 22% en hogares en las mismas condiciones; y en Guatemala, el 25% de los hogares están cubiertos (Martínez y Voorend, 2018; Sánchez y Martínez, 2015; Martínez, 2014).

La educación merece atención aparte, ya que es fundamental para la movilidad social y para la reducción de la violencia. En el Triángulo Norte se observa una importante universalización de la educación primaria, pero es de baja calidad y aún está pendiente la universalización de la educación secundaria. Por ejemplo, en Honduras solo el 24 % de los jóvenes de las zonas rurales terminaron la secundaria (Alas de Franco, Méndez, Oliva, Serpas y Trigueros, 2016; CEPAL, 2019a; Walker, Quijada, y Sierra, 2014). Esto no solo lesiona un elemento básico del desarrollo como es la educación, sino que adicionalmente mantiene a la mayoría de la población en trabajos informales de baja productividad con una remuneración que no les permite sobrepasar la línea de la pobreza ni entrar a la seguridad social. Las políticas en educación deben ser sensibles a las especificidades de cada país, como su variedad lingüística y cultural, y que respondan a las necesidades laborales con capacidades profesionales y técnicas.

En general, el Triángulo Norte cuenta con una batería significativa y creativa de políticas sociales, pero estas son de carácter residual e inestable. Para que estas tengan un impacto más amplio, deben fortalecer su institucionalidad, se tiene que mejorar la focalización en los sectores más vulnerables como niñas y niños, mujeres, población indígena y personas con alguna discapacidad para una distribución de los recursos más eficientes. Se observa dentro de este grupo de países un mejor desempeño relativo de El Salvador, especialmente en su diseño universalista, esto coincide con su mejor calidad de la democracia derivada de un bipartidismo más competitivo y de mayor alternancia programática.

Si bien Costa Rica, comparada con el Triángulo Norte, tiene una mayor calidad democrática y tiene una mayor prioridad macroeconómica de la política social, comparte problemáticas como una inversión insuficiente, déficit fiscal, baja recaudación tributaria, desigualdad e informalidad de su mercado laboral. Debe reconocerse que la situación socioeconómica del Triángulo Norte es mucho más compleja que la de Costa Rica, no solo por sus mayores niveles de pobreza y desigualdad, sino también por sus niveles de violencia, lo que debilita la capacidad institucional del Estado para su administración en general y para la aplicación de políticas sociales en particular. La paz sigue siendo un objetivo prioritario a alcanzar. Por último, por sus niveles de interdependencias evidenciadas en los flujos migratorios y en la articulación de los grupos regionales del narcotráfico, se hacen necesarias las políticas sociales regionales, donde las distintas dependencias nacionales puedan coordinar políticas sociales y que se generen instancias supranacionales que les permitan enfrentar en conjunto los desafíos compartidos.

 

 

 

 

 

 

Referencias bibliográficas.

 

Díaz, Guzman. (2012). Estratificación y movilidad social en Guatemala. Revista CEPAL, 107, 31-48.

Grammage, Sarah. (2012). Género, pobreza de tiempo y capacidades en Guatemala: un análisis multifactorial desde una perspectiva económica. México D. F.: CEPAL.

Guzmán, Juany. (2014). Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil en Costa Rica: El proceso de construcción 2010-2014. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

Hernández, Marco; Sousa, Liliana y Scot, Kinnon. (2015). ADN económico de Honduras: Con una sección de enfoque sobre pobreza y prosperidad compartida. Washington D. C.: Banco Mundial.

Hernández, Marco; Sousa, Liliana y López, Humberto. (2016). Honduras: Desatando el potencial económico para mayores oportunidades. Washington D. C.: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial.

Hinkelammert, Franz y Mora, Henry. (2016). Hacia una economía para la vida. Preludio a una segunda crítica de la economía política. Bolivia: Dirección General de Fortalecimiento Ciudadano.

ICEFI. (2016). La Eficiencia del Gasto Público en Educación y Salud en Guatemala, 2003-2013. Washington D. C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

IDD-Lat. (2016). Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (2016). Montevideo, Uruguay: Fundación Konrad Adenauer y Polilat.com.

INEC Costa Rica. (2019). Buscador de estadisticas. Recuperado de http://inec.cr/

Lara, Silvia. (2004). Costa Rica en la última década: “políticas pobres, para los pobres, con pobres resultados. Quito Ecuador: CEPAL.

Lehoucq, Fabrice. (2012). La economía política de la desigualdad en Centroamérica. Anuario de Estudios Centroamericanos, 38(1), 79-108.

Martínez, Juliana. (2013). Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Guatemala. Santiago de Chile: CEPAL.

Universidad de Costa Rica (2020)- Hacia una agenda de políticas sociales. Análisis comparativo entre Costa Rica y el triángulo norte de Centroamérica.